19 de noviembre de 2026

Consumo se Sorprende por la Solicitud de Transportes para Involucrarse en el Expediente Sancionador de Aucalsa

Reacción ante la solicitud del Ministerio de Transportes

La Dirección General de Consumo, que forma parte de la Consejería de Ordenación del Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, ha manifestado su sorpresa ante la solicitud del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible. Esta petición busca que Consumo se personifique como «parte y persona interesada» en el expediente sancionador que se está llevando a cabo contra Aucalsa, la empresa encargada de la gestión de la autopista, debido a que ha mantenido sus tarifas habituales a pesar de las obras que han complicado el tráfico en la zona del Huerna.

Beatriz González Prieto, viceconsejera de Derechos Ciudadanos, ha expresado su desconcierto ante esta situación. “Estamos sorprendidos por esta solicitud. No está claro si lo que se busca es proteger a los asturianos o a la empresa privada que gestiona la autopista”, afirmó González. Su comentario resalta una preocupación sobre la falta de coordinación política entre las diferentes administraciones, lo que ha incrementado aún más su asombro.

Paradojas en la intervención del ministerio

González también ha abordado la contradicción que podría surgir si el objetivo del ministerio fuera proteger a la empresa concesionaria en lugar de avanzar hacia la anulación del peaje de la autopista. Esta situación plantea interrogantes sobre las verdaderas intenciones detrás de la intervención del Ministerio de Transportes en el proceso sancionador.

El Servicio de Consumo se encargará de evaluar la solicitud de personación, considerando su viabilidad legal antes de tomar una decisión que se base en criterios técnicos. “Analizaremos la petición, siempre bajo un criterio técnico y ajustado a derecho”, aclaró la viceconsejera, destacando la importancia de un proceso transparente y fundamentado.

Defensa de los intereses de los ciudadanos

La viceconsejera González ha manifestado su confianza en que se priorizarán los intereses de la ciudadanía por encima de los de la empresa privada. Este compromiso se refuerza al recordar que la concesión de Aucalsa fue prorrogada “de forma opaca por un Ejecutivo del Partido Popular”, y que el peaje fue declarado ilegal por la Comisión Europea en abril de 2024. Estos antecedentes subrayan la necesidad de una revisión exhaustiva de las prácticas de la empresa y de la protección de los derechos de los usuarios de la autopista.

La situación actual plantea un debate crucial sobre la responsabilidad de las administraciones en la defensa de los derechos de los ciudadanos, especialmente en contextos donde se ven afectados por decisiones tomadas por empresas privadas en la gestión de infraestructuras públicas.