19 de noviembre de 2026

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El Súper RIGI y su Impacto en Argentina

Un nuevo horizonte de inversiones

El Súper RIGI es una ambiciosa iniciativa económica impulsada por el gobierno de Javier Milei, cuyo propósito es atraer inversiones superiores a los 1000 millones de dólares. Este programa se ha concebido para captar capitales en sectores de tecnología avanzada, aunque varios especialistas han expresado preocupaciones sobre sus implicaciones. En particular, critican que el proyecto ofrece beneficios extraordinarios durante un período de 30 años sin especificar adecuadamente las actividades que abarcará, sin una evaluación oficial de su impacto fiscal y sin condiciones ambientales o tecnológicas verificables.

Entre los proyectos que el gobierno busca fomentar se encuentran los centros de datos, esenciales para el desarrollo de la inteligencia artificial, así como granjas de criptomonedas. Sin embargo, estas infraestructuras ya han evidenciado sus efectos adversos en otros países, como Estados Unidos, donde han contribuido a la contaminación sonora, la emisión de calor, la fragmentación de hábitats, un uso excesivo del agua y un incremento en los costos energéticos para las comunidades locales.

Antecedentes del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones

La estrategia del gobierno tiene un precedente en el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), establecido por decreto en agosto de 2024, que se centraba en la minería y la exploración de gas y petróleo. Según la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), esta medida ha provocado una “desprotección ambiental” significativa, al no requerir estudios de impacto ecológico y limitar la capacidad de las provincias para regular el uso de recursos naturales.

Ariel Slipak, economista y docente en la Universidad de Buenos Aires, advierte que el RIGI es más que un mero esquema de incentivos fiscales; proporciona un blindaje jurídico a las grandes inversiones extractivas. En sus palabras, las normativas locales o nacionales no pueden contradecir los beneficios otorgados a los beneficiarios del RIGI, lo que implica que las exenciones del programa prevalecen sobre la legislación ambiental y laboral.

Proyectos y su impacto económico

Desde su implementación, se han presentado 40 proyectos bajo el RIGI, los cuales superan los 138,000 millones de dólares en inversiones. De estos, 21 han obtenido aprobación, representando una inversión de 46,626 millones de dólares. La mayoría de estos proyectos están relacionados con la minería, especialmente en sectores como el litio, cobre y petróleo, lo que genera un alto porcentaje del capital comprometido.

En total, los cuatro principales subsectores (petróleo, cobre, gas natural y litio) concentran el 95,6% de las inversiones, lo que pone de manifiesto la inclinación del gobierno hacia proyectos extractivos. Este enfoque no solo ofrece estabilidad a las inversiones, sino que también puede trasladar conflictos a tribunales arbitrales internacionales, limitando la intervención de las comunidades locales y la justicia argentina.

Preocupaciones ambientales y sociales

El Súper RIGI, formalmente conocido como Ley de Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones en Nuevas Industrias, ha suscitado críticas debido a la falta de condiciones ambientales específicas. Según Slipak, este régimen favorece a industrias con alto consumo energético, como los centros de datos, sin establecer regulaciones claras sobre el uso de recursos como agua y energía, ni sobre las emisiones de carbono.

El impacto de estas instalaciones puede ser significativo, ya que requieren grandes volúmenes de agua y energía, lo que podría tensionar las redes eléctricas y agravar conflictos por el agua. Por ejemplo, un centro de datos de Google en Iowa, EE. UU., utilizó alrededor de 3,800 millones de litros de agua en 2024, lo que subraya la magnitud del problema.

Impacto en comunidades indígenas

El proyecto también ha generado inquietudes en torno a su efecto sobre las comunidades indígenas. Silvina Ramírez, experta en derechos indígenas, señala que el Súper RIGI representa un modelo económico que podría despojar a estas comunidades de sus derechos y territorios, al favorecer a las empresas a expensas de la titulación de tierras colectivas.

Además, Ramírez advierte que, ante nuevas leyes locales de protección ecológica que puedan afectar los intereses de estas inversiones, las empresas tienen la capacidad de llevar al Estado a tribunales internacionales, complicando aún más la situación de las comunidades indígenas que ya enfrentan hostigamiento judicial.

Propuestas para una regulación más equilibrada

Esteban Paulón, diputado del Partido Socialista de Argentina, ha manifestado su preocupación por la falta de consideraciones ambientales y de derechos humanos en el Súper RIGI. Propuso un proyecto que incorpora protecciones ambientales y derechos humanos, asegurando que se respeten normas fundamentales y tratados internacionales en la implementación del régimen.

Este proyecto exige que el Súper RIGI se desarrolle bajo siete protecciones clave, que incluyen derechos a un ambiente sano, el dominio de las provincias sobre recursos naturales, y el cumplimiento de tratados internacionales, entre otros. La iniciativa sigue su curso en el Senado, donde se están llevando a cabo negociaciones para su posible aprobación.