Vipasa justifica su papel en el desahucio de una vivienda pública en Gijón/Xixón tras años de impagos y fracasos en acuerdos sociales

Vipasa aclara su actuación en el desahucio de una vivienda pública en Gijón/Xixón

La empresa pública Vipasa ha emitido un comunicado en respuesta a la convocatoria del Sindicato de Inquilinas, que se ha opuesto al desahucio programado para el 28 de septiembre en una vivienda del grupo de la calle Alicia Concepción Álvarez, en Gijón/Xixón. La gerente de Vipasa, Marta Pulgar, ha querido aclarar que el proceso judicial no es un acto repentino, ni una medida punitiva contra la arrendataria debido a su situación económica. En cambio, se trata de un procedimiento que busca hacer frente a un incumplimiento prolongado de las obligaciones contractuales, que la inquilina ha vinculado a sus problemas económicos.

La vivienda en cuestión fue asignada en septiembre de 2019 bajo criterios de emergencia social, con una renta ajustada de 67,02 euros mensuales, además de los gastos de comunidad. Sin embargo, desde 2021 la arrendataria ha dejado de realizar los pagos correspondientes. Ante esta situación, Vipasa activó su protocolo para abordar impagos, realizó requerimientos y, en febrero de 2022, logró un acuerdo de pago que incluía 20 euros mensuales, además del alquiler normal, acuerdo que posteriormente no fue cumplido.

Un proceso de mediación prolongado y alternativas ofrecidas

Vipasa ha indicado que, ante la persistencia de la falta de pago, se trasladó el caso a los servicios sociales y se implementó el Programa de Intermediación Comunitaria y Socioeducativa de Trama. Pulgar enfatiza que “la razón del procedimiento judicial es el impago voluntario, no las circunstancias personales de la arrendataria”. Este proceso judicial, que culminó con una sentencia el 24 de abril de 2026, fue el resultado de años de intentos de mediación y búsqueda de solución.

La demanda, presentada en mayo de 2023, incluyó 22 recibos pendientes que sumaban un total de 3.644,32 euros, que la demandada reconoció durante el proceso. A pesar de que la situación de vulnerabilidad presentada no fue aceptada como un motivo válido para oponerse al desahucio, Vipasa ha reiterado que su objetivo no es acumular reclamaciones económicas, sino recuperar la vivienda por incumplimiento contractual.

Compromiso con la convivencia y el respeto a las normas

La gerente de Vipasa ha destacado que han existido diversas propuestas de acuerdo a lo largo del proceso, incluyendo un pago inicial de 500 euros y cuotas mensuales que no prosperaron. También se contempló la posibilidad de suspender temporalmente el procedimiento si se cumplían ciertos requisitos de pago y convivencia, lo que demuestra que se han buscado alternativas reales para evitar el desalojo.

Adicionalmente, Trama llevó a cabo diversas intervenciones en el entorno de la vivienda, debido a que se recibieron quejas por problemas de convivencia, como ruidos excesivos y comportamientos inapropiados. Aunque Vipasa ha reafirmado que estos problemas no son la causa jurídica del desahucio, sí motivaron la intervención de la Administración para proteger los derechos de los demás residentes.

El derecho a un hogar y la responsabilidad pública

La gerente de Vipasa ha recordado la importancia de proteger tanto el derecho a un hogar de las familias necesitadas como el derecho de los vecinos a vivir en un ambiente adecuado. “Una vivienda pública no puede convertirse en un lugar donde se ignoren sistemáticamente los derechos de los demás”, afirmó Pulgar.

Vipasa también ha subrayado que la vivienda pública es un patrimonio colectivo que debe ser resguardado. La empresa se ha comprometido a seguir cumpliendo con las decisiones judiciales y a actuar conforme a lo que determinen los tribunales respecto a este caso, enfatizando que el lanzamiento es una medida que corresponde a la autoridad judicial.

En resumen, Vipasa ha llevado a cabo un proceso exhaustivo, que incluye la adjudicación de una vivienda de emergencia social, la activación de protocolos para impagos, propuestas de mediación y la intervención de servicios sociales, antes de recurrir a la vía judicial. La empresa reafirma su compromiso con la comunidad y la responsabilidad de administrar el patrimonio público de manera justa y equitativa.