Un ambicioso proyecto de extracción de petróleo, conocido como Sea Lion, se encuentra a tan solo 220 kilómetros de las islas Malvinas, al sur de Argentina, y plantea serias preocupaciones sobre la alteración de uno de los ecosistemas marinos más ricos y frágiles del Atlántico Sur. Esta iniciativa, impulsada por una empresa británica y otra israelí, ha reavivado las tensiones históricas entre Argentina y el Reino Unido en torno a la soberanía de estas islas. Expertos argentinos han señalado que el proyecto carece de una evaluación de impacto ambiental aprobada en el país, dado que el Reino Unido y el gobierno de las islas no reconocen la soberanía argentina. Existe también el temor a posibles derrames en aguas de baja temperatura, lo que podría agravar la situación. En este contexto, un tribunal argentino ha dictado una medida cautelar que suspende las operaciones de este programa petrolero.
La exploración en alta mar, o offshore, implica la búsqueda de yacimientos de petróleo y gas natural en el lecho marino utilizando tecnologías geofísicas y perforaciones en alta mar. Este proceso tiene el potencial de producir cerca de 120,000 barriles diarios de petróleo y 140 millones de pies cúbicos de gas natural al día, según informes de la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas y el Centro de Ex Combatientes de Islas Malvinas La Plata (CECIM). Ante el aumento de la tensión geopolítica, que alcanzó su punto más crítico durante la guerra de 1982, la Justicia federal de Argentina ha intervenido, ordenando la suspensión del proyecto debido a la ausencia de una Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) reconocida a nivel nacional.
Marco legal y precauciones ambientales
La decisión de la jueza federal Mariel Borruto se basa en los principios de prevención y precaución que rigen la legislación ambiental argentina. Según su dictamen, el proyecto opera de manera ilegal en la plataforma continental argentina, ya que no cuenta con las autorizaciones necesarias para certificar que su actividad no causará un impacto ecológico significativo en la región. Rafael Colombo, coordinador de Clima y Energía y asesor legal de la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas, ha subrayado que los principales riesgos ambientales asociados a este proyecto incluyen las perforaciones, la alteración del lecho marino, la circulación de embarcaciones, la contaminación acústica submarina, el uso de productos químicos y el riesgo de derrames de petróleo.
Colombo ha señalado que estos peligros son inherentes a la industria de hidrocarburos offshore en todo el mundo, que ha sido responsable de numerosos desastres ambientales, incluyendo explosiones, derrames e incendios, que han dejado secuelas difíciles de revertir. Además, ha advertido que, debido a las corrientes marinas en la zona, los impactos ambientales podrían extenderse a áreas clave para la alimentación, reproducción y migración de diversas especies marinas que habitan entre el mar argentino, las islas del Atlántico Sur y la Antártida.
La ecorregión del mar argentino es un entorno biológicamente productivo, hogar de aproximadamente 300 especies de peces, así como de mamíferos marinos como ballenas francas australes, lobos y elefantes marinos, además de aves como pingüinos de Magallanes, albatros y orcas. Flavio Quintana, biólogo del Centro Nacional Patagónico del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CENPAT-CONICET), destacó en su estudio que las aguas cercanas a las islas Malvinas forman parte de un ecosistema marino interconectado con el resto del mar patagónico argentino.
Un ecosistema en peligro
Colombo ha mencionado que el león marino, presente en la plataforma continental argentina, se encuentra a solo 220 kilómetros al norte de las islas Malvinas, en un hábitat que se sitúa cerca de los bloques petroleros que las empresas involucradas han identificado. El proyecto Sea Lion abarca inicialmente dos fases que incluyen la perforación de 23 pozos submarinos, así como la construcción de cañerías y una unidad flotante para producción y almacenamiento. La duración del proyecto se estima en 30 años a partir de 2028, lo que plantea serias preocupaciones sobre la vulnerabilidad del ecosistema marino, dada la escala y complejidad de las operaciones.
Este proyecto es liderado por la empresa israelí Navitas Petroleum, que posee el 65% del mismo, mientras que la británica Rockhopper Exploration tiene el 35% restante. A pesar de las críticas, ambas compañías no han respondido a las solicitudes de información sobre su postura respecto a las preocupaciones ambientales. Ante el avance del proyecto, el presidente argentino Javier Milei ha afirmado que cualquier explotación de hidrocarburos en la región requiere autorización nacional y ha presentado un proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional para ampliar las sanciones a empresas que operen sin los permisos necesarios.
Desafíos climáticos y ambientales
La comunidad científica y las organizaciones ambientales argentinas han expresado su inquietud respecto a las rigurosas condiciones climáticas en la zona proyectada para las perforaciones. A diferencia de las explotaciones en océanos templados, el Atlántico Sur presenta temperaturas extremadamente bajas que podrían dificultar la descomposición y limpieza natural del petróleo en caso de un derrame. Hernán Pérez Orsi, marino e investigador en Océanos y Energía, ha advertido que, en caso de un incidente, la contaminación podría persistir durante décadas debido a estas condiciones.
Asimismo, las emisiones de dióxido de carbono (CO2) generadas por la quema del petróleo extraído son motivo de preocupación. La demanda presentada por Abogados Ambientalistas sostiene que el proyecto podría emitir hasta 9 millones de toneladas de CO2 durante su desarrollo y más de 100 toneladas por la quema del crudo, en un contexto donde Argentina ya emitió 171 millones de toneladas de CO2 en 2024. Pérez Orsi ha señalado que la exploración petrolera en el mar conlleva riesgos ambientales considerables, y los impactos son más difíciles de controlar y medir.
El ruido submarino, resultado de las actividades de exploración, representa otra forma de contaminación que podría afectar a la fauna marina, desde pequeños organismos hasta grandes mamíferos. Las perturbaciones acústicas pueden alterar el comportamiento de los animales, dificultar su comunicación, desplazar especies de hábitats esenciales, y en casos extremos, provocar lesiones o incluso la muerte. Con el avance del proyecto, la posibilidad de derrames y la contaminación química y acústica se convierten en amenazas inminentes para la salud del ecosistema marino.
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