Un hito importante en la lucha contra los delitos ambientales se estableció en Viena durante la Conferencia de las Partes de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional. La reciente resolución aprobada tiene como objetivo la creación de un comité especial que se dedicará a la elaboración de un Protocolo sobre delitos ambientales transnacionales.
Desde el inicio de las reuniones de la UNTOC en el año 2000, que se llevan a cabo cada dos años bajo el marco de la Convención de Palermo, el enfoque ha estado en la criminalidad transnacional vinculada a la trata de personas, la migración y el tráfico de armas. Sin embargo, esta décimo tercera cumbre, que concluyó el 23 de octubre, marcará un nuevo enfoque en la lucha contra el tráfico de flora y fauna silvestres, la minería ilegal, el tráfico de minerales y metales preciosos, así como el tráfico de residuos. Estos delitos serán considerados transnacionales y exigirán una respuesta coordinada de los países miembros de la UNTOC.
“Este es un momento histórico en la lucha global contra los delitos ambientales. En un contexto donde el multilateralismo enfrenta una presión sin precedentes, los gobiernos se han unido para reconocer que el tráfico de especies silvestres y la minería ilegal son formas severas de delincuencia organizada transnacional que requieren una respuesta internacional coordinada”, afirmó Alice Pasqualato, especialista en políticas globales sobre delitos ambientales de la Wildlife Conservation Society, tras la aprobación del acuerdo.
Participación Indígena en la Cumbre
La participación de representantes de los pueblos indígenas de la Amazonía fue crucial durante la cumbre. Más de diez líderes de Colombia, Ecuador, Perú y Brasil se presentaron para compartir cómo la criminalidad organizada ha impactado sus vidas en la región amazónica. Esta fue la primera vez que un grupo de representantes indígenas asistió a esta cumbre internacional.
La resolución que busca iniciar la redacción de un Protocolo sobre delitos ambientales fue promovida por once países, de los cuales ocho son de América Latina (Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Panamá, Perú y Uruguay), junto a Mauritania, República Democrática del Congo y Santo Tomé y Príncipe. Este esfuerzo recibió el respaldo de 83 naciones, con solo 12 votos en contra y 27 abstenciones. Entre los países que se opusieron se encuentran Argentina, Israel, Venezuela, Japón y Estados Unidos, este último presentó varias enmiendas en un intento por bloquear la creación del protocolo.
La Voz de los Líderes Indígenas
Marcelo Odicio, presidente de la Federación Nativa de Comunidades Kakataibo de Perú, destacó la importancia de su participación al exponer la grave amenaza que enfrentan en sus territorios debido a la minería ilegal, el narcotráfico y el tráfico de tierras. Los líderes indígenas presentaron en esta cumbre el impacto de los delitos ambientales en sus países y cómo la violencia y el crimen organizado amenazan a sus comunidades en la Amazonía.
“Sabemos que el narcotráfico y el crimen organizado no tienen fronteras; por ello, necesitamos que este espacio global apruebe el protocolo que ayudará a combatir el aumento de la criminalidad organizada en nuestros territorios”, declaró Odicio antes de la aprobación de la resolución. Durante la cumbre, los representantes indígenas también se reunieron con embajadores de países miembros de la UNTOC y con funcionarios de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) y de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.
Propuestas de los Líderes Indígenas
Brayan Mojinajisoy, representante de la Asociación de Cabildos Indígenas Inga del Municipio de Villagarzón en Colombia, compartió que la situación de los pueblos indígenas en su región es similar a la de Perú, ya que los actores armados operan en la frontera entre Colombia, Ecuador y Perú, facilitando sus actividades delictivas. “Conocemos cómo funcionan estas dinámicas”, afirmó Mojinajisoy.
Los líderes indígenas también solicitaron que se incluyera a las autoridades indígenas y sus estructuras organizativas en las discusiones de este foro internacional. En la delegación indígena estuvieron destacados líderes de diferentes regiones, quienes llevaron consigo un amplio conjunto de demandas, además de la aprobación del protocolo sobre delitos ambientales.
Implicaciones del Nuevo Protocolo
La resolución adoptada en la UNTOC establece la creación de un comité especial para desarrollar un protocolo adicional a la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, con el objetivo de abordar los delitos ambientales mencionados y adoptar medidas pertinentes para su prevención, investigación y enjuiciamiento.
Este acuerdo representa el inicio de las negociaciones para el nuevo protocolo, que incluirá cuatro sesiones previas a la próxima conferencia de las partes, donde se espera presentar un borrador del protocolo. La decisión también reconoce el papel crucial de los pueblos indígenas y las comunidades locales en la prevención y combate de delitos ambientales y la corrupción asociada.
“Esta decisión histórica permite que la comunidad internacional logre un consenso sobre respuestas coordinadas a los delitos ambientales transnacionales. Sin embargo, su efectividad depende de la participación significativa de los pueblos indígenas en la discusión, diseño e implementación del protocolo”, comentó Raphael Hoetmer, director del Programa del Amazonas Occidental de Amazon Watch.
El Camino por Delante
Sofía Jarrín, asesora de Defensa de la Amazonía Occidental de Amazon Watch, subrayó la relevancia del reconocimiento de los pueblos indígenas como actores fundamentales en este proceso. “Inicia un proceso de negociaciones donde buscaremos que la voz de los pueblos indígenas sea escuchada; no solo tienen conocimiento sobre el territorio, sino que contribuyen a la seguridad en la Amazonía”, destacó.
La iniciativa que acaba de ser aprobada fue impulsada principalmente por Brasil y Perú. Carlos Alberto Sánchez del Águila, ministro en la Embajada de Perú en Austria, ha sido un ferviente defensor de esta propuesta. Jarrín destacó que Sánchez del Águila ha trabajado durante años para impulsar este protocolo, colaborando estrechamente con Brasil en la creación de mecanismos de participación.
La Wildlife Conservation Society (WCS) elogió el liderazgo de Brasil, Francia y Perú en la creación de este acuerdo y reconoció a todos los copatrocinadores y actores de la sociedad civil que contribuyeron a su viabilidad. Este acuerdo representa un paso significativo hacia la protección de los recursos naturales y el fortalecimiento de la colaboración internacional frente a los delitos ambientales.
