19 de noviembre de 2026

La Nueva Ley de Pagos Digitales en México: ¿Una Revolución Financiera o un Problema Constitucional?

La reciente entrada en vigor de la Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos en México ha generado un intenso debate en torno a su constitucionalidad y su potencial para profundizar la exclusión económica en el país. Esta iniciativa, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum desde septiembre, busca fomentar el uso de métodos de pago como tarjetas de crédito y débito, transferencias bancarias, códigos QR y tecnología NFC, tanto en transacciones comerciales como en servicios gubernamentales.

Los defensores de esta legislación argumentan que su propósito es cerrar la brecha entre la infraestructura financiera existente y su utilización efectiva, permitiendo así que más personas realicen pagos de manera digital. En este sentido, la ley incluye disposiciones que permiten el uso de la CURP digital como un medio aceptado para verificar la identidad de quienes requieran acceder a servicios financieros a través de plataformas electrónicas. Además, se establece que los ciudadanos podrán emplear otros documentos oficiales para este fin.

Impulsando el Expediente Digital Ciudadano

Uno de los elementos destacados de la nueva normativa es la creación del Expediente Digital Ciudadano, diseñado para facilitar el acceso de las instituciones financieras a la información digital de los usuarios que deseen contratar servicios. Este expediente tendrá validez jurídica equivalente a la de los documentos físicos y permitirá a los ciudadanos solicitar su consulta y portabilidad. La ley también otorga a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) la autoridad para determinar en qué sectores y actividades los pagos digitales serán la única forma de efectuar transacciones, aunque los detalles específicos de estas regulaciones aún no se han definido.

En situaciones excepcionales que impidan el uso de pagos digitales, se permitirá temporalmente el uso de efectivo o cheques, pero se establece que estas contingencias no podrán convertirse en una práctica habitual. Además, se requiere que las autoridades gubernamentales de todos los niveles adopten métodos de pago electrónicos para sus trámites y servicios, mientras que los comerciantes deben facilitar la infraestructura necesaria para su implementación y mantener informados a los usuarios sobre las opciones disponibles.

Desafíos en la implementación y preocupación por la exclusión

A pesar de las intenciones detrás de esta ley, su efectividad y el impacto que tendrá en las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) y consumidores han suscitado dudas. Un informe reciente de Banamex advierte que, aunque la legislación busca adaptarse a la evolución del sector bancario, podría incrementar la exclusión debido a la baja bancarización, las deficiencias en conectividad y la desconfianza de los usuarios frente a los medios electrónicos. Estos factores consolidan al efectivo como el principal método de pago en el país.

La entidad bancaria resalta que contar con la infraestructura necesaria no garantiza su uso, y que la efectividad de la ley dependerá de la capacidad de cerrar la brecha entre el acceso formal a los instrumentos financieros y su uso cotidiano, especialmente en sectores como microempresas y comunidades con menor conectividad.

Cuestionamientos sobre la constitucionalidad de la ley

Expertos en derecho también han expresado sus reservas respecto a la legalidad de la normativa, especialmente en relación con las facultades otorgadas a la SHCP. Juvenal Lobato Díaz, profesor de Derecho Constitucional en la UNAM, argumenta que la ley delega a una autoridad administrativa la decisión sobre qué sectores económicos deben aceptar exclusivamente pagos digitales, lo que podría contradecir la Constitución al atribuir esa responsabilidad al Congreso.

Durante un seminario organizado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, se discutió que, aunque los pagos electrónicos podrían facilitar el registro de transacciones y mejorar el acceso al crédito, su adopción depende de varios factores, incluidos los costos operativos y la disponibilidad de servicios bancarios.

La predominancia del efectivo en la economía mexicana

Según datos recientes del Banco de México, para el año 2025, se estima que el 98% de la población mexicana seguirá utilizando efectivo para sus gastos diarios. En este contexto, será crucial esperar los lineamientos que la SHCP emita para entender en qué actividades y comercios dejará de aceptarse el efectivo, lo que permitirá evaluar los verdaderos alcances de la legislación y su viabilidad en un país donde el efectivo aún reina como el método de pago más utilizado.