En febrero de 2025, el Senado mexicano recibió una propuesta destinada a restringir el acceso a redes sociales para menores de 14 años, así como a exigir la autorización parental para adolescentes de entre 14 y 17 años. Esta iniciativa incluye mecanismos para verificar la edad de los usuarios, lo que plantea un desafío tecnológico significativo: ¿cómo puede una plataforma determinar la edad de un usuario sin recopilar información personal innecesaria?
La problemática no es exclusiva de México, ya que en América Latina varios países han comenzado a discutir restricciones similares para el acceso de niños y adolescentes a las redes sociales. Algunas propuestas sugieren métodos de verificación basados en documentos oficiales, mientras que otras consideran el uso de tecnologías que estimen la edad mediante características faciales o patrones de comportamiento digital.
Análisis de la regulación en América Latina
Este debate forma parte de un estudio realizado por la organización Derechos Digitales, el cual examina las tendencias regulatorias en once países latinoamericanos. El informe, titulado «Infancias y entornos digitales: tendencias regulatorias en América Latina» y elaborado por Marina Meira, revisa leyes y proyectos legislativos entre junio de 2024 y septiembre de 2026. En naciones como Argentina, Chile, Colombia, Ecuador y Uruguay, se han propuesto límites de edad que oscilan entre los 13 y los 16 años para acceder a estas plataformas.
A lo largo del período de estudio, ninguna de las iniciativas de prohibición había sido aprobada como ley, a pesar de que estas propuestas avanzan en un contexto de escasa evidencia sobre sus posibles efectos, especialmente en la región latinoamericana.
El reto de la verificación de edad
Para implementar estas restricciones, las plataformas deben determinar si un usuario cumple con la edad mínima. El informe identifica dos métodos principales: la verificación, que utiliza documentos oficiales u otras fuentes confiables para comprobar la edad; y la estimación, que aplica tecnologías capaces de calcular una edad aproximada a partir de características físicas o patrones de comportamiento.
Sin embargo, ambos métodos presentan limitaciones. Los procedimientos que requieren documentos pueden excluir a aquellos que no cuentan con una identificación aceptada o que no logran completar el proceso. Por otro lado, los sistemas de estimación facial deben analizar información sensible y pueden ser propensos a errores. Según las evaluaciones técnicas incluidas en el informe, la precisión de estos sistemas puede variar según la edad, el género, la región de origen y la calidad de las imágenes utilizadas.
La estimación basada en comportamientos también enfrenta desafíos en América Latina, donde las desigualdades económicas influyen en el acceso a dispositivos electrónicos. Cuando varias personas comparten un teléfono o una cuenta, estos sistemas pueden confundir patrones de actividad y calcular una edad incorrecta. Esto podría limitar el acceso de adultos a ciertos servicios o activar protecciones que deberían aplicarse solo a los menores.
Implicaciones de la verificación de edad
Las implicaciones de estos mecanismos van más allá de sus posibles errores. Para determinar si alguien supera un determinado límite de edad, las plataformas pueden necesitar recopilar información de adultos, quienes no están sujetos a las mismas restricciones. Esto podría llevar a que servicios que actualmente no exigen acreditar la edad o la identidad comiencen a solicitar estos datos para permitir el acceso.
Derechos Digitales sostiene que «dejar rastros no equivale a tener que identificarse». Aunque navegar por internet ya genera información que puede ser utilizada para rastrear la actividad de una persona, esto es diferente a exigir que se verifique la identidad para acceder a una plataforma. El estudio advierte que los mecanismos de verificación de edad podrían extender esta exigencia a servicios que actualmente no la requieren, lo que tendría consecuencias para la privacidad de los usuarios.
Algunas iniciativas buscan mitigar estos riesgos. En Argentina, un proyecto presentado en junio propone crear un sistema estatal que permita confirmar si una persona supera el límite de edad sin compartir información sensible, como el número de identificación, domicilio o imagen biométrica.
El manejo de datos y la protección de la privacidad
No obstante, incluso este modelo genera interrogantes sobre la gestión de los datos. Aunque una red social reciba únicamente la confirmación de edad, es crucial saber quién realiza la comprobación, qué información se conserva y si los registros pueden vincularse con otros servicios para rastrear la actividad digital de una persona.
Además, la participación de empresas especializadas en la verificación de edad plantea preocupaciones adicionales. Los proveedores podrían acceder a información que, sin las medidas adecuadas de protección, podría conservarse, combinarse con otros registros o ser utilizada para publicidad personalizada, creación de perfiles comerciales o vigilancia.
Diversidad de enfoques en la región
Las propuestas en América Latina ofrecen diferentes niveles de protección frente a estos riesgos. Por ejemplo, en Perú, un proyecto que se presentó este año exige alternativas a la verificación con documentos oficiales y limita el uso y conservación de los datos recopilados. Otras iniciativas no especifican qué información pueden solicitar las plataformas, cómo deben protegerla o qué sucederá con ella tras la verificación de la edad.
Por ello, Derechos Digitales considera fundamental evaluar la necesidad de cada medida, los riesgos que buscan mitigar y si existen alternativas menos invasivas. Las restricciones de edad son solo una de las muchas propuestas en discusión, y el estudio también identifica iniciativas que buscan modificar el funcionamiento de las plataformas en sí.
Repensando el diseño de plataformas digitales
Entre las prácticas que han comenzado a recibir atención legislativa se encuentran los algoritmos que recomiendan contenidos para mantener a los usuarios conectados durante más tiempo, las notificaciones constantes, la publicidad personalizada y los llamados patrones oscuros, que influyen en las decisiones de los usuarios. En Chile, por ejemplo, se ha propuesto establecer responsabilidades para las plataformas en relación con el funcionamiento de sus algoritmos, prohibiendo diseños adictivos y limitando la publicidad basada en el comportamiento de los menores.
Argentina también ha considerado medidas para modificar estas prácticas, identificando factores de riesgo como la reproducción automática de contenidos y las interacciones sin restricciones con desconocidos. Brasil ha avanzado en este sentido con la aprobación del ECA Digital en septiembre de 2025, que impone obligaciones a productos y servicios destinados a menores, exigiendo configuraciones de máxima privacidad desde el inicio.
El futuro de la regulación digital en América Latina
México también ha explorado cambios en esta dirección. Además de la iniciativa para restringir el acceso a redes sociales, se han presentado propuestas para reforzar la protección de datos personales, activar configuraciones de privacidad por defecto y establecer mecanismos de denuncia frente al acoso y otras formas de violencia digital. El objetivo es que las empresas tecnológicas asuman una mayor responsabilidad en la protección de sus usuarios, en lugar de dejar esta tarea únicamente en manos de las familias.
A pesar de ello, el estudio advierte que exigir a las plataformas un monitoreo excesivo o la identificación de usuarios podría afectar la privacidad, la libertad de expresión y la seguridad de las comunicaciones. Derechos Digitales subraya que las empresas deben responder por los riesgos de sus productos, pero bajo reglas claras que impidan una vigilancia o recopilación de datos injustificada.
Desafíos en la implementación de medidas
Las propuestas en América Latina también se han visto influenciadas por legislaciones de otras regiones. El estudio destaca los modelos europeos y la reciente restricción en Australia que limita la creación de cuentas en ciertas redes sociales para menores de 16 años. No obstante, para implementar medidas similares en América Latina, es fundamental considerar las diferencias en el acceso a internet y dispositivos tecnológicos.
Aunque la conexión a internet en los hogares supera el 90% en varios países de la región, todavía hay disparidades significativas entre diferentes grupos socioeconómicos, especialmente en el acceso a computadoras y otros dispositivos. A esto se suma el desafío de que los gobiernos deben tener la capacidad de hacer cumplir estas reglas, lo cual requiere de instituciones independientes y recursos suficientes para supervisar las prácticas de las empresas.
Las preocupaciones sobre las implicaciones de estas medidas ya han surgido en algunos debates legislativos. En Ecuador, por ejemplo, la Asamblea Nacional archivó un proyecto sobre el uso responsable de redes sociales, citando preocupaciones sobre restricciones excesivas a la libertad de expresión y acceso a la información, así como cuestiones de protección de datos personales.
La voz de los jóvenes en la regulación digital
El informe también destaca la importancia de que niñas, niños y adolescentes participen en las decisiones sobre las tecnologías que utilizan. Internet es un espacio donde pueden aprender, comunicarse y acceder a información, por lo que las medidas de protección deben tener en cuenta tanto los riesgos que enfrentan como sus derechos y las diversas condiciones en las que utilizan estos servicios.
Finalmente, Derechos Digitales enfatiza la necesidad de fortalecer la colaboración entre países. La decisión de qué datos solicitar para comprobar la edad, quién puede conservarlos y durante cuánto tiempo, podría tener repercusiones que van más allá del acceso de los menores a las redes sociales. El reto para los países latinoamericanos será garantizar que las nuevas regulaciones minimicen los riesgos para las infancias sin imponer restricciones que afecten los derechos de todos los usuarios de internet.</
