La Cámara de Diputados ha dado un paso importante al aprobar tanto en lo general como en lo particular el dictamen que establece la Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos. Esta normativa tiene como objetivo fomentar la adopción y el uso de medios de pago electrónicos y digitales en México. Los defensores de la iniciativa argumentan que se busca fortalecer la inclusión financiera y generar nuevas oportunidades para los negocios en el país. Sin embargo, han surgido voces críticas que consideran que esta ley podría convertirse en un instrumento autoritario que facilite la vigilancia y exacerbe las desigualdades en el mercado mexicano.
De acuerdo con el documento presentado, la ley tiene como finalidad reducir la brecha entre la infraestructura existente y su utilización efectiva, permitiendo que cualquier persona pueda realizar pagos de manera digital. La iniciativa define como pagos digitales y electrónicos aquellos que se realizan a través de códigos QR, dispositivos de transferencia de datos como NFC, así como el uso de tarjetas de débito y crédito, y órdenes de transferencia de fondos, entre otros métodos reconocidos por las autoridades competentes.
Identificación y Acceso a Servicios Financieros
Entre sus disposiciones más relevantes, la nueva ley establece que la Clave Única de Registro de Población (CURP) digital será un medio válido para verificar la identidad de los usuarios que deseen contratar servicios financieros a través de plataformas electrónicas. Sin embargo, también se permitirá el uso de otros documentos oficiales para este propósito.
La normativa contempla la creación del Expediente Digital Ciudadano, el cual facilitará el acceso de las instituciones financieras a documentos digitales de los usuarios que busquen contratar servicios. Este expediente tendrá la misma validez legal que los documentos físicos y los ciudadanos podrán solicitar su acceso y portabilidad.
Además, se establece que las autoridades de todos los niveles de gobierno deben adoptar medios de pago electrónicos y digitales para sus trámites y servicios, mientras que los proveedores de bienes y servicios también podrán implementarlos. Las entidades públicas y privadas deberán habilitar la infraestructura necesaria, informar a los usuarios sobre las opciones disponibles y establecer mecanismos para atender situaciones que impidan temporalmente la aceptación de pagos digitales.
Implicaciones para el Sector Financiero
La ley otorga a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) la facultad de identificar sectores estratégicos o actividades en las que los pagos digitales y electrónicos serán obligatorios. Aún no se han definido las condiciones y requisitos que regirán estos sectores. Sin embargo, se contempla una excepción en casos de contingencia, donde se permitirá el uso de efectivo o cheques de manera temporal, evitando que esto se convierta en una práctica habitual.
Por último, se delega a la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT) la tarea de desarrollar modelos y soluciones tecnológicas que faciliten la digitalización de trámites, incluyendo la CURP Digital y el Expediente Digital Ciudadano, así como una Ventanilla Digital Nacional de Inversiones y una Plataforma de Establecimientos Mercantiles.
Opiniones Divididas entre los Legisladores
A pesar del avance de esta propuesta legislativa, ha generado opiniones encontradas entre los legisladores respecto a su efectividad, propósito e impacto en las micro, pequeñas y medianas empresas, así como en los consumidores. Carlos Hernández Mirón, diputado del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), defendió la ley como una herramienta necesaria para fortalecer el mercado interno. Citando datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), afirmó que la infraestructura necesaria para los pagos digitales ya está disponible, ya que un alto porcentaje de la población cuenta con un dispositivo móvil.
En la misma línea, el diputado Luis Armando Díaz, del Partido del Trabajo (PT), destacó que México contará, por primera vez, con un marco legal que obligue a los gobiernos a promover los pagos digitales, asegurando que esto permitirá que más personas y negocios se integren al sistema financiero. Según Díaz, cada pago digital genera un registro que contribuye a construir un historial crediticio y fomentar el crecimiento económico.
Cuidado con los Riesgos de Exclusión y Vigilancia
No obstante, esta perspectiva fue cuestionada por otros legisladores. Emilio Suárez, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), advirtió que la ley podría ampliar la brecha digital ya existente, a menos que se implemente de manera efectiva y con la infraestructura adecuada. Verónica Pérez Herrera, del Partido Acción Nacional (PAN), enfatizó que no se debe confundir la modernización tecnológica con un mayor control gubernamental sobre la vida de los ciudadanos. Patricia Flores Elizondo, de Movimiento Ciudadano (MC), alertó sobre la falta de claridad en cuanto a quién asumirá los costos de la conectividad y los dispositivos de cobro, lo que podría dejar a pequeños negocios en condiciones de vulnerabilidad.
Finalmente, Homero Ricardo Niño de Rivera Vela, del PAN, criticó el dictamen como autoritario y expresó que la oposición no está en contra de las nuevas tecnologías, sino de cómo se plantea su implementación. La propuesta, que fue presentada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha sido aprobada con un total de 327 votos a favor y 122 en contra, y ahora se encuentra en manos de la Cámara de Senadores para su revisión y posible ratificación.
