Aprobación Inicial de las Directrices Sectoriales
La Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Asturias (Cuota) ha dado un paso significativo al aprobar inicialmente las Directrices Sectoriales para las Instalaciones de Almacenamiento de Energía Eléctrica en Baterías en Suelo no Urbanizable. Este acuerdo, alcanzado por una amplia mayoría, marca el inicio de un proceso que incluirá la información pública y la evaluación ambiental, antes de su ratificación definitiva por parte del Consejo de Gobierno.
Estas directrices tienen como objetivo regular la instalación de sistemas de almacenamiento de energía con una potencia superior a tres megavatios, estandarizando criterios sobre su ubicación y condiciones operativas. La decisión responde a un notable aumento en las solicitudes de acceso y conexión en la región, con más de 170 peticiones registradas, de las cuales más de 50 ya están en marcha administrativa.
Modelo Territorial y Protección del Entorno
El enfoque territorial propuesto busca orientar estas instalaciones hacia zonas de menor impacto, priorizando su localización en suelos ya transformados, como terrenos industriales, mineros o energéticos, así como en áreas degradadas. Además, se busca situarlas cerca de los nodos de conexión de la red eléctrica, minimizando así la longitud de las líneas de evacuación y su impacto en el territorio.
Un aspecto clave de estas directrices es la implementación de una zona de salvaguarda territorial de 200 metros, diseñada para proteger el paisaje, el patrimonio natural y el modelo de poblamiento rural disperso que caracteriza a Asturias. Ignacio Ruiz Latierro, director general de Ordenación del Territorio, ha subrayado que estas directrices representan un avance significativo en la organización de las instalaciones energéticas, buscando un balance entre la necesidad social de estas infraestructuras y la protección de la seguridad ciudadana y del entorno territorial.
Normativas Específicas para Zonas Rurales y Urbanas
La regulación excluye los suelos de especial protección y establece criterios particulares para los núcleos rurales y áreas pobladas. La zona de salvaguarda de 200 metros se integra dentro de un marco más amplio de condiciones que cada instalación debe cumplir, lo que incluye un análisis obligatorio de riesgos. Este análisis debe considerar factores como la topografía, el régimen de vientos y las medidas de seguridad que se implementarán en cada proyecto.
Además, se establece una distancia mínima de 50 metros respecto a edificaciones residenciales fuera de núcleos rurales, con la posibilidad de que el análisis de riesgos determine distancias mayores si se considera necesario. La reducción de la zona de salvaguarda a menos de 200 metros solo será posible en casos excepcionales de interés público, siempre que se demuestre que la instalación no afectará negativamente el paisaje rural ni los usos sociales y tradicionales de la zona.
Medidas de Prevención de Incendios y Proceso de Información Pública
Las directrices también incluyen medidas específicas para la prevención y protección contra incendios. Se requerirá que se instalen depósitos de agua a diez metros de los recintos de baterías y se establecerá una franja perimetral de defensa contra el fuego de la misma longitud.
Aunque la resolución adoptada por la Cuota no implica la aprobación definitiva de las directrices, se abre un nuevo periodo de información pública de dos meses. Durante este tiempo, la ciudadanía, las administraciones locales y otros organismos podrán presentar sus observaciones. Posteriormente, se llevará a cabo la evaluación ambiental, se elaborará un texto modificado y, finalmente, las directrices se someterán a la aprobación final del Consejo de Gobierno.
Suspensión de Autorizaciones y Marco Común para Instalaciones
Con el fin de evitar decisiones aisladas y fomentar una implementación que sea compatible con el territorio, la Cuota ha decidido prorrogar por un año la suspensión de títulos habilitantes para las instalaciones de almacenamiento de más de tres megavatios en suelo no urbanizable. Esta medida permitirá que el proceso de tramitación no se complete hasta que se aprueben definitivamente las directrices. Sin embargo, esta suspensión no afectará a proyectos localizados en suelos industriales, mineros o energéticos degradados, ni a instalaciones asociadas a modalidades de autoconsumo de hasta tres megavatios.
