19 de noviembre de 2026

Asturias Prioriza a la Clase Trabajadora en sus Nuevas Políticas de Vivienda

El Gobierno de Asturias ha reafirmado su compromiso con el acceso a la vivienda digna para la clase trabajadora, posicionando esta cuestión como una de sus principales prioridades. Esta declaración del director general de Vivienda del Principado, Jesús Daniel Sánchez Fernández, se produjo durante una mesa redonda titulada «Retos y propuestas para el efectivo acceso a la vivienda de los ciudadanos», que tuvo lugar en los Cursos de Verano de La Granda, en Avilés.

En su intervención, Sánchez destacó diversas iniciativas que ha impulsado la Consejería de Ordenación del Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos desde el inicio de la legislatura. Entre estas iniciativas se encuentra la reciente entrega de promociones de vivienda pública, como la de San Juan de La Arena, así como una serie de convocatorias de ayudas destinadas a la rehabilitación del parque residencial, tanto público como privado. Estas acciones están enfocadas en mejorar la accesibilidad y la eficiencia energética de las viviendas.

Enfoque en la clase trabajadora

El director general centró su atención en un sector significativo de la población trabajadora cuyos ingresos mensuales oscilan entre 1.000 y 1.800 euros. A pesar de contar con empleo, muchas de estas familias enfrentan dificultades para acceder a una vivienda digna, soportando un esfuerzo económico que supera el 30 % de sus ingresos, un porcentaje que excede las recomendaciones establecidas a nivel europeo. «Estamos diseñando y poniendo en marcha medidas dirigidas específicamente a ese colectivo porque queremos situarlo en el centro de las políticas públicas de vivienda», afirmó Sánchez.

En el contexto del debate sobre el alquiler frente a la compra, el director general subrayó que las altas rentas del mercado libre impiden la acumulación de ahorros necesarios para la adquisición de una vivienda. Según su perspectiva, contar con un parque público de alquiler asequible no solo facilita el acceso inmediato a una vivienda digna, sino que también permite a muchas familias ahorrar para una futura compra. Sánchez también destacó la importancia social de la vivienda pública, argumentando que debería recibir el mismo reconocimiento que otros servicios públicos esenciales, como la sanidad y la educación.

Regulación de precios y medidas efectivas

En relación con la regulación de precios, Sánchez compartió los resultados positivos obtenidos en áreas que están bajo el índice de referencia del Servicio Público de Vivienda del Principado (Serpavi), como Cimadevilla, La Arena y La Magdalena. La aplicación de estas medidas ha permitido reducir alquileres que antes superaban los 1.500 euros mensuales, situándolos ahora en torno a los 680 euros, cifras que considera más acordes con la realidad salarial de Asturias.

El director general también abogó por aumentar la oferta de vivienda, aunque enfatizó que este incremento debe responder a las necesidades reales de la población. «Construir viviendas de 400.000 euros no resuelve el problema de acceso a la vivienda», afirmó, argumentando que las políticas públicas deben priorizar la creación de viviendas asequibles y protegidas, en lugar de fomentar modelos que se centren en segundas residencias o en la especulación inmobiliaria.

Mantenimiento de la protección de viviendas

Además, Sánchez insistió en la importancia de mantener la protección permanente de las viviendas de protección oficial, de modo que no se integren en mercados especulativos o turísticos una vez finalizado el período de protección. Citó el caso de Ribadesella, donde algunas viviendas protegidas vieron incrementar su precio de venta de 70.000 a 200.000 euros al perder su estatus de protección. «La prioridad debe ser garantizar el acceso a la vivienda de la ciudadanía asturiana y, especialmente, de quienes desarrollan aquí su proyecto de vida», enfatizó.

Finalmente, el director general anunció que se están logrando avances en las negociaciones entre el Gobierno de Asturias y la patronal CAC-Asprocon en el marco de la concertación social. Ambas partes están trabajando en una nueva convocatoria destinada a fomentar la construcción de vivienda protegida, que contemplará un incremento máximo del 3,7 % sobre el módulo aprobado en 2023, acompañado de ayudas autonómicas para garantizar la viabilidad técnica y económica de las promociones.