27 de septiembre de 2026

Itxaso: «La Ley de Vivienda Fortalece las Competencias de Euskadi, Asegura el Constitucional»

El consejero de Vivienda y Agenda Urbana del Gobierno Vasco, Denis Itxaso, ha expresado su satisfacción tras la reciente sentencia del Tribunal Constitucional que desestima el recurso presentado por la anterior administración vasca en relación a la Ley estatal 12/2023 sobre el Derecho a la Vivienda. Itxaso resalta que esta resolución no representa una pérdida de competencias para Euskadi, sino que, más bien, amplía las herramientas disponibles para afrontar la crisis habitacional.

En sus declaraciones, el consejero enfatizó que el fallo judicial valida una visión cooperativa sobre las competencias en materia de vivienda. “La Ley estatal de Vivienda no socava nuestras competencias; al contrario, nos brinda nuevos instrumentos para actuar donde el mercado no logra garantizar el acceso a viviendas asequibles”, afirmó Itxaso. Esta perspectiva refuerza la idea de que la legislación estatal y las competencias vascas pueden trabajar de manera complementaria para abordar la emergencia en el sector habitacional.

Colaboración entre administraciones para una mejor gestión

El recurso interpuesto por el Gobierno Vasco en la legislatura anterior se basaba en una interpretación defensiva de las competencias, algo que, según Itxaso, la sentencia ha invalidado. “La resolución nos invita a dejar atrás una visión patrimonialista de nuestras competencias. Estas no deben ser un obstáculo, sino que deben ser utilizadas para servir a la ciudadanía”, destacó el consejero. En este sentido, enfatizó que la colaboración entre el Gobierno Vasco, los ayuntamientos y el Gobierno de España es fundamental para abordar el problema de la vivienda.

Uno de los mecanismos destacados por Itxaso es la declaración de zonas de mercado residencial tensionado, que permite activar medidas de regulación y contención en el alquiler. Esta figura, que se implementa en colaboración con los municipios, permite establecer obligaciones específicas para grandes tenedores y aplicar índices de referencia para los precios del alquiler.

Actualmente, Euskadi está llevando a cabo la implementación de este instrumento en aquellos municipios que solicitan su declaración y demuestran la presión sobre el mercado residencial. “La Ley nos ha proporcionado herramientas que antes no teníamos, lo que nos permite actuar de manera más efectiva en mercados tensionados y proteger a quienes buscan vivienda en alquiler”, aseguró el consejero.

Estrategias para aumentar la oferta de vivienda asequible

Itxaso subrayó que la estrategia del Gobierno Vasco no se limita a la regulación de precios. Cada declaración de zona tensionada va acompañada de un plan de acción trianual que busca abordar las causas estructurales de la tensión residencial. Esto incluye iniciativas para construir vivienda protegida, aumentar el parque de alquiler asequible, movilizar viviendas vacías y rehabilitar el parque de viviendas existente.

El consejero enfatizó la necesidad de actuar simultáneamente en la regulación de precios y en el aumento de la oferta. “Regular sin incrementar la oferta sería insuficiente, al igual que aumentar la oferta sin abordar las situaciones de tensión extrema. Debemos hacer ambas cosas al mismo tiempo”, argumentó Itxaso.

Asimismo, destacó que comienzan a observarse señales de moderación en el mercado del alquiler, lo que será fundamental para seguir evaluando la eficacia de las intervenciones públicas. “Estamos comprobando que la intervención pública puede amortiguar tendencias de mercado que han desplazado a muchas personas de los lugares donde desean vivir. Nuestro objetivo es establecer normas para que la vivienda, un bien de primera necesidad, también cumpla su función social”, concluyó el consejero.

Un informe reciente de la EMAL, publicado en julio, indica que la renta media de los nuevos contratos de alquiler ha disminuido en varias localidades de Gipuzkoa, coincidiendo con la aplicación de las herramientas de regulación en las zonas tensionadas. Este descenso se ha producido sin afectar el número de viviendas registradas en alquiler, con Euskadi alcanzando un récord de más de 86,000 contratos de alquiler libre vigentes el año pasado.