Viceconsejera de Derechos Ciudadanos critica la intervención de Transportes junto a Aucalsa: «Tomamos nota»

La viceconsejera de Derechos Ciudadanos, Beatriz González Prieto, ha expresado su profunda preocupación por la postura del Ministerio de Transportes en el conflicto relacionado con las obras de Aucalsa en la autopista AP-66, así como el impacto que estas tienen sobre el peaje del Huerna. En sus declaraciones, González Prieto califica de «ofensiva para Asturias y su ciudadanía» la defensa que el ministerio ha mostrado hacia la concesionaria, lo que ha suscitado un debate sobre la relevancia de esta situación que se ha prolongado por meses y afecta a una de las principales vías de comunicación de la región.

La viceconsejera ha manifestado su desacuerdo con la caracterización del conflicto como un «problema puntual», señalando que tal afirmación minimiza la gravedad de la situación. «No hay nada normal en lo que está sucediendo», subrayó, cuestionando la decisión del Gobierno de España de priorizar los intereses de una gran empresa en lugar de los de la ciudadanía asturiana. «Al calificar como puntual lo que ocurre en la principal vía de comunicación con la meseta, el Gobierno se coloca del lado de Aucalsa», afirmó González Prieto.

Defensa de los intereses locales

González Prieto ha instado a las fuerzas políticas asturianas a que asuman su responsabilidad en la defensa de los intereses de la población y no se dejen intimidar por las grandes corporaciones. A su juicio, es fundamental que los representantes políticos actúen con firmeza y no se muestren débiles ante presiones externas. En este contexto, la viceconsejera ha enfatizado que la respuesta de las instituciones asturianas debe ser contundente y alineada con los intereses de la comunidad.

En cuanto a la solicitud del Ministerio de personarse en el procedimiento sancionador iniciado por el Principado, González Prieto ha indicado que se evaluará su viabilidad jurídica, pero ha expresado su descontento con lo que considera un gesto de naturaleza política. «Parece que su intención es defender intereses particulares, desestimando el papel del Gobierno de Asturias como una administración con competencias», declaró, añadiendo que esta actitud no es aceptable ni se puede permitir.

Falta de coordinación y presión empresarial

Además, la viceconsejera ha cuestionado si la decisión del ministerio se tomó en coordinación con el Gobierno del Principado, sugiriendo que su falta de comunicación podría indicar una respuesta a presiones ejercidas por la empresa. «La personación del Ejecutivo central se percibe como un acto político en favor de Aucalsa. Tomamos nota de esta situación», concluyó González Prieto, dejando claro su descontento con el enfoque adoptado por el Ministerio de Transportes.